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Bullrich aplicó un protocolo donde los alumnos podrán ser denunciados por protestar

El candidato a senador de Cambiemos fue el ideólogo del instructivo para denunciar alumnos que tomen colegios.

Bullrich aplicó un protocolo donde los alumnos podrán ser denunciados por protestar

El 26 de agosto de 2008 abundaban las tomas de colegios por la implementación de la “Nueva Escuela Secundaria”, una medida antipopular e inconsulta del Ministerio de Educación de la Ciudad.

Ante esto, el entonces encargado de la cartera, Esteban Bullrich, tomó una decisión aún más polémica: ordenó que los directivos denuncien penalmente a todos los estudiantes que protesten. Pese a los posteriores frenos judiciales, el funcionario insistió con la medida en reiteradas ocasiones.

En esa época, los alumnos solicitaban la apertura de canales de diálogo y, para hacer oír sus reclamos, debieron acudir a la toma de los establecimientos.

El ahora primer candidato a senador de la provincia de Buenos Aires por Cambiemos no tuvo mejor idea que crear el “Instructivo sobre Forma de Proceder en Casos de Toma de Establecimientos Educativos”. Fue distribuido desde la Dirección General de Educación de Gestión Estatal (DGEGE) a las direcciones de media, técnica, artística y formación docente.

Este, el primero, les pedía a los directivos “confeccionar un acta en la que conste el estado en el que deja el edificio al momento de la ocupación y, si es posible, los nombres de las personas que ocupan el establecimiento”.

Este es exactamente el mismo protocolo que hoy quiere aplicar Acuña. Allí rezaba: “En caso de toma, el director deberá: a) dar cuenta del hecho a las direcciones de área y general; b) concurrir inmediatamente a la comisaría a efectos de denunciar la situación de toma (NO DENUNCIAR PERSONAS).

Los ilícitos que se estarían configurando pueden ser violación de domicilio o usurpación (ambos delitos) y la contravención del artículo 58 (ingreso o permanencia de personas en lugar público/privado contra la voluntad del titular; c)solicitar apoyo de la Dirección General de Coordinación Legal a los efectos de concurrir con letrado; d) la Dirección concurrirá a la fiscalía para conocer las medidas preliminares que se dispongan y peticionará alguna medida cautelar en caso de ser necesario; e) en caso de registrarse daños materiales deberá, además de las actuaciones administrativas de rigor, requerirse la presencia de un escribano para que labre las actas correspondientes. Este instructivo deberá aplicarse independientemente de: labrar acta correspondiente, avisar a los padres de los alumnos, llamar al SAME, dar aviso al Consejo de los derechos de los niños”. Esa causa volvió a caer en el Juzgado de Liberatori, quien dejó sin efecto las instrucciones.

Pese a la abundante jurisprudencia en contra, el Gobierno de la Ciudad intentó volver a aplicar este protocolo inconstitucional, aunque ahora con Acuña a la cabeza. Desde la cartera educativa negaron la vigencia del instructivo.

Pudo saber este medio que en las escasas dos semanas de vigencia ya fue aplicado por cinco instituciones: Manuel Belgrano, Mariano Acosta, Liceo 9, Antonio Devoto y Julio Cortázar.

Hoy, la asesora tutelar Mabel López Oliva y el asesor ante la Cámara Gustavo Moreno plantearon una nueva cautelar, que quedó radicada en el Juzgado en lo Contencioso y Administrativo 3, que subroga Aurelio Ammirato. Exigieron allí la inmediata eliminación de la antigua ordenanza y que el Gobierno porteño redacte “un protocolo de actuación especial para las situaciones de protesta estudiantil, que deberá garantizar la participación de la comunidad educativa y de aquellos actores institucionales especializados en la defensa de los derechos de la infancia y adolescencia”.