POLÍTICA

EL CASO JOAQUIN MILLON QUINTANA PONE A LA JUSTICIA PATAS PARA ARRIBA

De megacausa a megapapelón

En la audiencia preliminar del juicio por la causa “Pibes Villeros” se dejó al descubierto que el Fiscal Anticorrupción Joaquín Millón Quintana, estuvo ejerciendo hasta el 5 de junio pasado, ilegalmente el cargo y su profesión, ya que no contaba con la “Matrícula” habilitante que otorga el Colegio de Abogados de Jujuy.

De megacausa a  megapapelón

Millón Quintana había llegado a la provincia pocos días antes de asumir como Fiscal Anticorrupción, pero tardó más de dos años en tramitar su matrícula, una actitud irresponsable que dejó a tris de suspender este juicio y que declare la nulidad de toda la “Megacausa”, donde se investiga el destino de fondos para la construcción de viviendas en la provincia.

El fiscal anticorrupción fue acusado de “usurpar título”, delito tipificado en el Código Penal Argentino como un delito calificado como “Usurpación de Autoridad, Títulos u Honores”, y según el Art. 246 “será reprimido con prisión de un mes a un año e inhabilitación especial por doble tiempo: El que asumiere o ejerciere funciones públicas, sin título o nombramiento expedido por autoridad competente”. También se especifica en el art. 247: “Será reprimido   con   prisión   de   quince   días   a   un   año   el   que   ejerciere actos propios de una profesión para la que se requiere una habilitación especial, sin poseer el título o la autorización correspondiente”.

La “matrícula” es un título que necesariamente debía tener el Fiscal Anticorrupción, además de cumplir con otros requisitos que exige el cargo, creado en la provincia mediante Ley 5.885, donde se expresa claramente en el artículo 4, que para “ser Fiscal Anticorrupción se requiere: a. Ser argentino nativo o por opción, con diez (10) años de residencia inmediata en la Provincia como mínimo; b. Poseer título de Abogado o Contador Público Nacional, con ocho (8) años como mínimo en el ejercicio de la profesión o funciones judiciales; c. Tener por lo menos treinta (30) años de edad”.

Evidentemente, si bien Millón Quintana tiene expedido el título en una universidad, no está habilitado para ejercer el cargo de abogado, legalmente a partir de la habilitación que otorga el Colegio de Abogados, mediante la “matrícula”.

La denuncia la realizó el abogado Juan Cabezas, defensor técnico de Alberto "Beto" Cardozo y de Gustavo Martínez.

Cabezas, en la audiencia preliminar, acusó como responsables de esta situación a la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas, la Dirección de Personal de la Provincia y el Colegio de Abogados de Jujuy, “por este pequeño error de dos años", ironizó.

Pero, además, le cabe una gran cuota de responsabilidad al gobernador de la provincia que es quien propone el nombramiento y los diputados que aprobaron los pliegos, ya que necesariamente debe tener “acuerdo” de la Legislatura.

Evidentemente, en “Jujuy fallaron los órganos de control", como afirmó el letrado cuando dejó en evidencia al “Fiscal” que debe garantizar que en el Estado Provincial no se cometan acto de “corrupción”, pero que en realidad él mismo y todos quienes lo rodean, “descuidaron” nada más y nada menos que cumplir con los requisitos que exige la ley, y tenía la misión de denunciar una trama compleja en la construcción de viviendas.

Cabezas es uno de los abogados de mayor prestigio en la provincia, y no dejó pasar este hecho que ronda lo delictivo y muestra que en donde el Estado Provincial debía exigir la mayor seriedad posible, se manejó con total desparpajo, que ahora si el fiscal no tiene sus papeles en regla, se puede pensar cualquier cosa de toda la trama de causas judiciales, e incluso deja todo para que se sospeche de inventos de causas y denuncias contra adversarios políticos.

El hecho descubierto por Cabezas es tal gravedad, que sólo se podrá obviar sólo por el poder político que ejercen quienes designaron al fiscal Millón Quintana.

Pruebas al canto

Cabezas, con pruebas en manos, dio cuenta de que a tan sólo tres días antes de la audiencia), el Colegio de Abogados le había otorgado la “matrícula” habilitante a Millón Quintana. Le dedicó casi media hora de su alocución, a explicar cómo se realizó la indebida designación del ahora cuestionado fiscal anticorrupción. “No reúne los requisitos para ocupar el cargo que ostenta en virtud de no cumplir con las condiciones de ley para su designación y muchos menos para su participación en la causa, no contemplando aspectos jurídicos esenciales, como ‘no contar con diez años de antigüedad en la matrícula y ocho de residencia en la provincia, como el no estar matriculado en el Colegio de Abogados de Jujuy constituye un delito contra la administración pública".

Por esta razón, Cabezas pidió la nulidad del requerimiento por estar contaminado. “Una antigüedad de 72 horas contra ocho años de antigüedad, es por ese pequeño error de dos años", remarcó irónico.

Defensa sin fundamento

Una vez terminada la exposición de todos los abogados defensores, y después de más de cuatro horas de audiencias, la juez Alejandra Tolaba, presidente de trámite, le otorgó la palabra al Fiscal Anticorrupción Joaquín Millón Quintana para que haga su defensa, de las acusaciones del Dr. Cabezas.

Pero pese a las pruebas, el fiscal dijo que las denuncias “irónicas” tienen un sentido de “agresividad”, además trató de explicar que el Art. 14 de la Ley 3329 “Estatuto de la Abogacía y la procuración”, hace una excepción en cuanto a la matrícula para los representantes de oficinas públicas, nacionales, provinciales, municipales, etc.

Dicho artículo está encuadrado en el Capítulo III de ejercicio de la Procuración y no habla de excepciones en la matrícula.

El Artículo 13º, hace mención a “La representación procesal ante los tribunales y reparticiones públicas de la Provincia”, que sólo podrá ser ejercida por los abogados de la matrícula; por los procuradores con título inscripto en la matrícula correspondiente; por los escribanos que optaren por el ejercicio de la procuración, inscribiéndose en la matrícula.

El artículo siguiente, el 14, dice que se exceptúa de la “representación procesal” y no de la tenencia de una matrícula a: “A los que representen a las oficinas públicas, nacionales, provinciales y municipales y comisiones de fomento y los albaceas testamentarios u otras personas que por ley deban ejercer representación”.

Además de ello, en el artículo 3 de dicho Estatuto, se deja claramente expresado que para “ejercer la profesión de abogado en la provincia es indispensable: a) Tener Título expedido por universidad nacional, provincial o privada, debidamente reconocida por el Estado; o por universidad extranjera cuando las leyes nacionales le otorguen validez; b) Estar inscripto en la matrícula del Colegio de Abogados creado por la presente ley; c) Prestar la caución establecida”.

Esta sola cláusula inhabilita a Millón Quitana ejercer su profesión u ostentar un cargo donde se exige como condición indispensable, tener un título habilitante.

La ley 5885 de creación de la Oficina Anticorrupción especifica que el titular de ese organismo debe ser: “argentino nativo o por opción, con diez (10) años de residencia inmediata en la Provincia como mínimo; poseer título de Abogado o Contador Público Nacional, con ocho (8) años como mínimo en el ejercicio de la profesión o funciones judiciales y Tener por lo menos treinta (30) años de edad.

Precisamente otra de las falencias en el nombramiento de Quintana fue la residencia, ya que no cuenta con los diez años mínimos exigidos. (¿Otro caso Posadas?)

Según Millón Quintana, ese requisito está cumplido ya que en el padrón electoral él nunca hizo cambio de domicilio y votó siempre en la provincia. Todos sabemos que el Padrón Electoral es meramente un instrumento electoral y no acredita domicilio o residencia. Quintana estuvo matriculado y ejerciendo su profesión en los últimos diez años en Capital Federal, según aclaró él mismo, pero siempre vino a votar a la provincia, dejando en evidencia otra otra grave falta ante la ley.

Para obtener la matrícula, el abogado aspirante debe presentar, según el artículo 9 del Estatuto, la siguiente documentación: a) Acreditar identidad personal; b) Presentar su diploma universitario; c) Manifestar si le afectan las causales de incompatibilidad e inhabilidad establecida en esta ley; d) Declarar su domicilio real y domicilio especial donde constituirá su estudio; debiendo comunicar sus cambios, y hasta que ello ocurra se tendrán por válidas las notificaciones o gestiones de cualquier tipo efectuadas en el último domicilio; e) prestar juramento de desempeñar fiel y legalmente la profesión ante el Consejo Directivo del Colegio de Abogados.

Esa documentación exigida no es solamente para formar un legajo, sino para saber si el futuro matriculado, reúne las condiciones de idoneidad para ejercer el cargo. Un abogado con antecedentes penales o con causas judiciales pendientes o graves antecedentes en el ejercicio de su profesión, seguramente no obtendrá la “Matrícula” habilitante y mucho menos podrá ejercer un cargo como el de “titular de la oficina anticorrupción” de la provincia.